Deuda de Panama mucho mas alta de lo pensado — Gobierno de Martinelli mintio nuevamente

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Cuando Ricardo Martinelli y su equipo de gobierno llegaron al poder, la deuda pública se situaba en los 10.578.800 de dólares. Un lustro después, había aumentado en 6.837 millones de dólares, una cantidad mayor que la presupuestada para el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal. Sin embargo, aún siendo astronómicas, las cifras están maquilladas para encubrir los datos reales, mucho más elevados. ¿Es este el Gran Panamá que todos deseamos?

Una deuda mayor en 5 años que en el último medio siglo

Una vez más, Ricardo Martinelli mintió a todos los panameños. Tras la marcha del anterior ejecutivo, se ha sabido que la deuda dejada podría estar en turno a los $22.700.000, una cifra muy superior a los datos oficiales de la anterior Administración.

Según los datos que actualmente maneja la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía, el saldo de la deuda pública no financiera ascendía al 30 de junio del 2014 a más de 17.000.000 millones de dólares. A esta cantidad hay que añadir la deuda de Tocumen, S.A., Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA) y Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETA), más los pagos no cobrados de los contratos “llave en mano”.

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¿Cuál es el estado de solvencia real del país?

Aunque la deuda nacional aumentó, el crecimiento de la economía hizo que se produjera un descenso entre la deuda y el producto interior bruto (PIB). El PIB es el medidor de referencia internacional para medir la solvencia económica y deuda pública de los países. En el nuestro, la deuda se redujo del 42,3 en 2009 al 36,7 el pasado año. Sin embargo, estos datos no son reales, ya que no se incluyen los contratos “llave en mano” ni las deudas de las grandes empresas no incluidas en el sector público ni financiero como ya hemos señalado.

Los contratos “llave en mano” y las empresas públicas no contabilizan

Los proyectos “llave en mano” son aquellos cuyo coste corre a cargo de los contratistas y promotores. Al finalizar la obra, el total es pagado por el gobierno.

Las cantidades que aún adeuda el gobierno a los contratistas en concepto de proyectos “llave en mano” no están reflejadas en el total de la deuda. Estos sumarían más de 3.000 millones de dólares a cobrar en el periodo 2015-19, que junto a otros 1.000 millones de pagos pendientes de 2014 ascenderían a más de $4,000 millones en total.

Otra forma de engañar al ciudadano camuflando las cuentas fue excluir en el 2.011 a las tres grandes empresas nacionales, ENA, ETESA y TOCUMEN del sector no financiero. Sin embargo, durante los tres últimos años entre las tres han contraído deudas millonarias, de las cuáles estarían pendientes de pago casi 2.000 millones de dólares.

Estas empresas, al haber quedado excluidas del sector público no financiero, supuestamente deberían costearse sus propias inversiones ya que cuentan con recursos propios para hacerlo, o eso al menos fue lo que el inefable Martinelli declaró en su momento. De esta forma, el actual gobierno no debería tener que destinar parte del presupuesto estatal para solventar la deuda.

Sin embargo, una vez más los políticos nos engañan ya que como han recogido las agencias internacionales de calificación de riesgos, estas empresas son públicas en última instancia. En caso de que no puedan o no quieran pagar, los colectivos de inmigrantes, grupos minoritarios, personas con bajos recursos, usted y yo, tendremos que hacernos cargo de sus deudas.

Corrupción, sobrecostes y amiguísimos

Otro aspecto preocupante es el alto índice de contratos opacos, arbitrarios o la adjudicación por el sistema del “amiguismo”, la improvisación o directamente, de la negligencia.

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Según Transparencia Internacional, un organismo no gubernamental que se encarga de supervisar y dar a conocer el corporativismo y la corrupción política en el mundo, de 175 países, el nuestro ocupa el puesto 102 en corrupción el pasado año. Hay que recordar que sin embargo, este no es el peor dato, ya que en el 2012 ocupaba un “honroso” número 82 en el ranking de corrupción mundial.

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El panameño Carlos Gasnell, representante de Transparencia Internacional en el país, sostiene que la corrupción política más habitual es la que se lleva a cabo a través de la contratación pública. Un saco en el que cabe todo. El principal obstáculo para una gestión transparente, está en la laxitud de las instituciones a la hora de hacer cumplir las leyes, la impunidad ante el delito y la tolerancia de los ciudadanos ante este tipo de situaciones.

La forma más habitual de robo y corrupción es a través de las contrataciones de obra pública, ya que es una práctica habitual que en los grandes contratos se añadan sobrecostes -en ocasiones, realmente escandalosos-, sin que nadie pida explicaciones.

Según Gasnell, los sobrecostes de una obra deberían estar completamente justificados y especificados y ocurrir a ellos de forma puntual y excepcional, no como práctica habitual.

No existen leyes que regulen estas actitudes, por lo que todos los gobiernos, favorecidos por un sistema General de Control que hace la vista gorda, se aprovechan de la situación. Una situación que unida a los demás factores hizo posible que la deuda pública contraída por el gobierno de Martinelli superase todas las previsiones de los analistas nacionales e internacionales.

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